Lo que el lector se va a encontrar a continuación es el resultado de mi investigación sobre el diseño de la Gran Pirámide de Keops. Es un estudio puramente matemático, científicamente riguroso, aunque extraordinariamente simple.
No se trata de la formulación de ninguna teoría. Todo lo contrario: es la demostración matemática de la teoría elaborada por un gran investigador de la pirámide, John Taylor (1781-1864), en cuanto a la unidad de medida utilizada para su diseño, y que hasta hoy no se había podido demostrar.
La resolución definitiva de un enigma matemático y arquitectónico que ha perdurado 4.500 años.

La obra que se presenta da respuesta al fenómeno reciente de la cada día mayor presencia de elementos trasnacionales europeos en los procesos civiles que se tramitan ante los Tribunales españoles y que podrían suponer, en caso de no verse adecuadamente resueltos, un importante retraso en su tramitación. El número de instrumentos es alto y su operatividad práctica requiere del conocimineto de sus mecanismos básicos, siendo ello a lo que se tiende en el presente libro, en el que de forma clara, se expone la mecánica de la aplicación de todos y cada uno de los instrumentos, los problemas que pueden presentar y las opciones más útiles a aplicar

El objetivo de este libro es dar ideas y sugerencias para efectuar ordenadamente la creación de una guía de mantenimineto, que el técnico tiene que desarrollar y adaptar  a cada instalación en concreto.
Dado el alto número de productos y elementos que deben ser gestionados para mantener o reparar este tipo de instalaciones, especialmente en las de conexióna red, de forma que éstas puedan cumplir sus funciones durante el mayor tiempo y al menor costo posible, y debido a la poca documentación existente hoy en día, se hace necesaria la presencia de una guía que permita gestionar y documentar toda la información relativa al mantenimineto de la información.

En la actual “Sociedad de la información y el conocimiento”, los avances tecnológicos deben ser utilizados en las tareas de investigación criminal por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para la investigación de los delitos informáticos, en los que son decisivas las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Toda investigación criminal tiene por principal objetivo la obtención de la máxima información posible sobre la comisión de un hecho delictivo, siendo las medidas tecnológicas de investigación un pilar esencial en cualquier investigación criminal en la actual sociedad informatizada en la que vivimos; la principal ventaja de su empleo reside en su operatividad para la obtención de evidencias de cualquier clase de delito, pues dispositivos electrónicos constituyan una valiosa fuente de prueba, debido a su capacidad de almacenamiento de información y a su empleo para todo tipo de comunicaciones.

Derecho Administrativo: Sentencias de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Sentencias del Tribunal Constitucional (cuestiones de inconstitucionalidad y recursos de amparo). Sentencias de la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. Tribunales Superiores de justicia (toque de queda y medidas por COVID). Sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo (toque de queda y medidas por COVID). Sentencia del Tribunal Constitucional (estado de alarma). Salas de conflictos de jurisdicción de los artículos 38 y 39 de la LOPJ. Sala del artículo 42 de la LOPJ (contencioso-administrativo y civil, y, contencioso-administrativo y social). Sala especial del artículo 61 de la LOPJ. Acuerdo de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

La ciberseguridad, seguridad informática o seguridad de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que es global y generalizada o común en la actualidad, así como un desafío complejo para los Estados que requiere una respuesta coordinada y ágil de aquellos, se concreta en una actividad tendente a asegurar las redes y los sistemas que dan vida al ciberespacio, donde en su sentido negativo se pueden cometer distintos delitos dentro o fuera de un conflicto armado.
Los ciberataques presentan como elementos comunes esenciales: La obtención de información estratégica, la individualización, el debilitamiento de las implementaciones técnicas y, la manipulación selectiva de los equipos informáticos y de la información.
Son relevantes los cambios en la naturaleza y características de los nuevos conflictos armados provocados por la celeridad y amplitud en el empleo de altas tecnologías y su desigual distribución entre los beligerantes, tal y como muestran las llamadas guerras de coste cero, de cuarta generación o asimétricas, e incluso las híbridas.
En el siglo XXI se impondrá la ciberguerra en los conflictos internacionales que se desarrollará en el ciberespacio, aunque ello no va a significar la desaparición de la guerra tradicional.
La seguridad nacional y la defensa nacional como recurso para la consecución de aquella son objeto de protección penal, al igual que los conflictos armados y el genocidio.
En un mundo globalizado, especialmente después de la aparición de de la revolución informática con el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las Organizaciones Internacionales y los Estados deben procurar la consecución de la seguridad internacional.

La Seguridad Pública y los Derechos Humanos guardan una estrecha relación, pues para que haya una verdadera seguridad para todos los habitantes de un país es necesario que las violaciones a sus derechos no sean frecuentes, siendo la seguridad deficiente cuando el número de violaciones aumenta de forma considerable.
    La función de la seguridad pública, tiene un alto grado de dificultad, para quienes la ejercen porque su finalidad principal es mantener la paz y el orden, pero sin afectar los derechos y las libertades de los individuos.
    El reto principal de las instituciones encargadas de la seguridad pública, es lograr un equilibrio entre la coercibilidad de las normas jurídicas sin faltar al respeto de los derechos y valores fundamentales.
    La seguridad pública es una función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos. La seguridad pública implica que los ciudadanos pueden convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro.
    La seguridad pública tiene como fines prioritarios: Mantener el orden público, proteger la integridad física de las personas y sus bienes, prevenir la comisión de delitos e infracciones a los Reglamentos gubernativos y de policía, colaborar en la investigación y persecución de los delitos y auxiliar a la población en caso de siniestro y desastres, es muy amplia la gama de actividades que realiza y todas son fundamentales para la estabilidad de un país, cualquiera que falle, propicia la inseguridad de la población con las consecuencias negativas que hemos venido padeciendo en los últimos tiempos.
    Las autoridades competentes alcanzarán los fines de la seguridad pública mediante sus actuaciones preventivas, persecutorias y sancionadoras.
    La CE 27 de diciembre de 1978 no precisa un contenido único del término Seguridad.
    Al formular un concepto genérico hace surgir una variedad de seguridades.
    Formula un concepto eminentemente político de seguridad, que es concebida como un derecho de todos los ciudadanos a la pacífica y democrática convivencia conforme al orden jurídico, económico y social justo.
    

La regulación jurídico-penal del acoso familiar y no familiar se establece con la LO 1/2015, de 30 de marzo, que lo tipifica como delito en el art. 172 ter CP, también conocido como acecho o stalking, dentro de los delitos contra la libertad y con una técnica restrictiva al establecer las formas de acoso de un modo tasado; y aunque es un delito común, se estableció en el marco de la violencia de género para proteger especialmente a la mujer. El nuevo delito que viene a colmar la ausencia de un tipo penal específico para combatir las conductas de acoso persecutorio, ofrece respuesta jurídico-penal a conductas de indudable gravedad que, en muchas ocasiones, no podían ser calificadas como coacciones o amenazas. Conductas reiteradas por medio de las cuales se menoscaba gravemente la libertad, la dignidad y el sentimiento de seguridad de la víctima a la que se somete a persecuciones, seguimientos o vigilancias constantes, u otros actos continuos de hostigamiento alterando sensible y significativamente su devenir vital cotidiano.
Resulta de especial relevancia para el enjuiciamiento de los casos de acoso escolar el párrafo 1º del art. 173.1 CP que tipifica el delito de trato degradante, redactado de conformidad con lo dispuesto en la LO 15/2003, de 29 de septiembre, pues los Tribunales han acudido a él en la mayoría de los casos. El acoso escolar, denominado también bullying, actualmente constituye una de las mayores amenazas en los centros escolares, y se concreta a aquellas conductas de maltrato entre escolares llevadas a cabo de forma reiterada y continuada en el tiempo con la intención de causar un mal a la víctima en posición asimétrica respecto del acosador, a través de agresiones físicas, verbales y sociales, que atentan contra la dignidad del menor. El espacio donde se desarrolla el acoso escolar normalmente es el centro educativo (bullying), pero el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación por los menores ha llevado a que la víctima pueda sentirse acosada también fuera del centro (ciberbullying).
La regulación jurídico-penal del mobbing o acoso laboral se establece con la LO 5/2010, de 22 de junio, que lo tipifica como delito en el párrafo 2º del art. 173.1 CP. La denominación sincrética del mobbing como acoso laboral en el ámbito privado y acoso institucional o funcionarial en el ámbito público, comprende tanto el acoso psicológico laboral como el acoso moral laboral, por no ser excluyentes estos términos y sí complementarios, aunque más amplio el segundo; lo que va a determinar que la delimitación o fijación del concepto jurídico de mobbing o acoso laboral ha de tener en consideración esta postura intermedia o ecléctica en el sentido de que el mismo es acoso psicológico. La fijación de un concepto jurídico de mobbing o acoso laboral se impone por la simple necesidad de determinar la tutela jurídica que se le va a dispensar; y colmando esta imperiosa necesidad conceptualizamos el mismo como, “una conducta activa u omisiva repetida y degradante, realizada durante un tiempo por el acosador o acosadores en el lugar de trabajo donde se desarrolla la relación laboral o de servicio, con la finalidad de que se abandone aquél, que pone en peligro o lesiona la integridad moral y otros derechos fundamentales del acosado o acosados según su gravedad, pudiendo también producir un resultado dañoso personal y material, además de moral”. El mobbing o acoso laboral además de su protección jurídico-penal, es susceptible de protección jurídico-laboral, jurídico-contencioso-administrativa y jurídico-civil, así como de protección jurídico-constitucional; y esta protección también se puede dispensar al resto de las infracciones penales examinadas, aunque solamente cuando concurran los presupuestos establecidos en relación con la protección constitucional y la protección en los distintos órdenes jurisdiccionales ordinarios que se disponen en relación con el mobbing o acoso laboral.
La regulación jurídico-penal del acoso inmobiliario se establece con la LO 5/2010, de 22 de junio, que lo tipifica como delito en el párrafo 3º del art. 173.1 CP. Conceptualizamos el mobbing o acoso inmobiliario como una conducta antisocial reiterada que tiene como finalidad impedir el disfrute legítimo de la vivienda propia o arrendada, y que de ser hostil o humillante será constitutiva de infracción penal.
La regulación jurídico-penal del acoso sexual se establece con la LO 15/2003, de 29 de septiembre, que modifica el art. 184 CP; y la LO 1/2015, de 30 de marzo, introduce los arts. 183 ter y 183 quater CP (la LO 5/2010, de 22 de junio, introdujo el art. 183 bis CP, que regulaba el ciberacoso; actualmente regulado en el art. 183 ter CP). El ciberacoso o grooming, comprende comportamientos realizados a través de tecnologías de la información y la comunicación que un adulto lleva a cabo para establecer vínculos de confianza con un menor a fin de mantener relaciones sexuales con el mismo, explotarlo sexualmente o bien utilizarlo con fines pornográficos. El acoso sexual laboral tipificado en el art. 184 CP se convierte en una modalidad privilegiada de acoso laboral tipificado en el párrafo 2º del art. 173.1 CP, que admite la aplicación de sus aspectos específicos; y es una situación producida como consecuencia de que la solicitud de favores de naturaleza sexual se produce en el ámbito de una relación laboral existente entre el acosador y la víctima o acosado, que ha de ser continuada o habitual.