En la actual “Sociedad de la información y el conocimiento”, los avances tecnológicos deben ser utilizados en las tareas de investigación criminal por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para la investigación de los delitos informáticos, en los que son decisivas las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Toda investigación criminal tiene por principal objetivo la obtención de la máxima información posible sobre la comisión de un hecho delictivo, siendo las medidas tecnológicas de investigación un pilar esencial en cualquier investigación criminal en la actual sociedad informatizada en la que vivimos; la principal ventaja de su empleo reside en su operatividad para la obtención de evidencias de cualquier clase de delito, pues dispositivos electrónicos constituyan una valiosa fuente de prueba, debido a su capacidad de almacenamiento de información y a su empleo para todo tipo de comunicaciones.

La ciberseguridad, seguridad informática o seguridad de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que es global y generalizada o común en la actualidad, así como un desafío complejo para los Estados que requiere una respuesta coordinada y ágil de aquellos, se concreta en una actividad tendente a asegurar las redes y los sistemas que dan vida al ciberespacio, donde en su sentido negativo se pueden cometer distintos delitos dentro o fuera de un conflicto armado.
Los ciberataques presentan como elementos comunes esenciales: La obtención de información estratégica, la individualización, el debilitamiento de las implementaciones técnicas y, la manipulación selectiva de los equipos informáticos y de la información.
Son relevantes los cambios en la naturaleza y características de los nuevos conflictos armados provocados por la celeridad y amplitud en el empleo de altas tecnologías y su desigual distribución entre los beligerantes, tal y como muestran las llamadas guerras de coste cero, de cuarta generación o asimétricas, e incluso las híbridas.
En el siglo XXI se impondrá la ciberguerra en los conflictos internacionales que se desarrollará en el ciberespacio, aunque ello no va a significar la desaparición de la guerra tradicional.
La seguridad nacional y la defensa nacional como recurso para la consecución de aquella son objeto de protección penal, al igual que los conflictos armados y el genocidio.
En un mundo globalizado, especialmente después de la aparición de de la revolución informática con el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las Organizaciones Internacionales y los Estados deben procurar la consecución de la seguridad internacional.

Una gran parte de las actividades que realizamos en nuestro día a día, principalmente aquellas relacionadas con el ocio, se desarrollan através de medios digitales. De este modo, nos encontramos con que muchos de nuestros comportamientos, cuya calificación jurídica estaba clara al realizarse en un entorno físico, ahora han pasado a realizarse dentro de un entorno inmaterial, donde las definiciones legales no encuentran un claro acomodo. Esto supone que se genere incertidumbre sobre la licitud de determinados  comportamientos que realiza una gran mayoría de los usuarios de los medios digitales.
Esta situación se ha convertido en una de las motivaciones para la elaboración de la presente obra, de modo que no ha quedado limitada a la descripción de las conductas definidas en la ley de Propiedad Intelectual y en el Código Penal, sino que entra en el análisis práctico de las principales conductas, a través de los supuestos más habituales que se plantean en el entorno digital, para determinar así, la calificación jurídica a la que más se ajustan

Este libro pretende orientar, a través de un análisis detallado, sobre qué gastos específicos pueden producirse por causa de un litigio y su razón de ser. En particular, de un aldo, qué conceptos y cuantías  de entre ellos pueden ser recuperados a costa del vencido si se obtiene una sentencia con pronunciamiento favorable, y cuales corren a cuenta exclusiva del vencedor. Y de otro, en caso de resultar condenado, hasta qué punto se debe hacer frente a los gastos realizados por el adversario. Para ello se revisa la tasación de costas, genuina función del Secretario Judicial, a través de la jurisprudencia y práctica de nuestros Tribunales, así como las partidas más relevantes que pueden integrarla, referidas a honorarios de Abogados y derechos de Procuradores, minutas periciales y la mayoría de los gastos que tienen alguna importancia, entre ellos el IVA, poniendolos en relación con las normas procesales aplicables a los concretos supuestos, con cita de la doctrina actual.
Asimismo se incorporan a la obra los profundos cambios generados en los procedimientos judiciales españoles, especialmente en materias competencias del Secretario Judicial, operados por la Ley 13/2009 de Reforma  Procesal y la Ley 37/2011 sobre Medidas de Agilización Procesal.

La seguridad informática adquiere en la actualidad una relevancia práctica y una autonomía conceptual como consecuencia de la creciente amplitud de las relaciones a través de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, que en el ámbito de la tutela penal no cobra un protagonismo especial.
Para la punición de las infracciones penales informáticas se atiende fundamentalmente al establecimiento de circunstancias agravantes específicas y tipos o subtipos agravados, pues se complementan las infracciones penales existentes al abordarse la punición de los delitos informáticos desde los tipos existentes, teniendo en consideración el incremento del desvalor de la acción o del resultado.
El Derecho Penal Informático comprende la descripción típica de una gran variedad de comportamientos que materializan riesgos y amenazas característicos del ámbito informático, no existiendo en nuestro Código Penal un Título que con base en el bien jurídico de la seguridad informática tipifique los delitos informáticos.
Consideramos de interés en relación con los aspectos generales relacionados con los ciberdelitos, poner de manifiesto con carácter previo que la ciberseguridad es un aspecto técnico de la seguridad y un eje fundamental de nuestra sociedad, y se encarga de la seguridad en el medio informático o telemático; el ciberespacio que hace partícipes a sus usuarios de una globalización sin precedentes que propicia nuevas oportunidades, a la vez que comporta nuevos riesgos y amenazas; las ciberamenzas que ponen de manifiesto la creciente actividad tanto por parte de Estados, que persiguen la expansión de sus intereses geopolíticos a través de acciones de carácter ofensivo y subversivo, como de organizaciones terroristas, grupos de crimen organizado y actores individuales; la ciberdelincuencia que supone un tipo de criminalidad característica y especial en la que se refleja la ausencia de fronteras y la inmaterialidad de la comunicación a través de las Tecnologías de la Comunicación y la Información, y que conduce a la escasa relevancia de los límites temporales y espaciales que han constituido, tradicionalmente, el límite en el ámbito del Derecho Penal; y el Convenio de Ciberdelincuencia que constituye un referente internacional a la hora de hablar de la delincuencia informática.
Los ciberdelitos que tienen lugar en el ciberespacio, son delitos convencionales que toman nueva vida con el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y no representan un tipo de criminalidad específica; y son también responsables de los mismos los menores y las personas jurídicas. Clasificamos los ciberdelitos en consideración al Código Penal y al Código Penal Militar, teniendo en cuenta también la clasificación que se realiza en la Circular de la Fiscalía General del Estado 3/2017, además de la que se lleva a cabo en el Convenio de Ciberdelincuencia, por la doctrina, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea.
El estudio sistematizado de los ciberdelitos lo realizamos con base en los delitos especialmente relacionados con la nuevas tecnologías de la información y la comunicación y otros delitos cometidos a través de las nuevas tecnologías o que tienen como objeto material las mismas, además de hacer alusión a la extensión de la protección penal informática.
Y por último, hacemos alusión a la provocación para delinquir por medios informáticos, y a la responsabilidad criminal en los delitos que se cometan utilizando medios o soportes de difusión mecánicos.

La regulación jurídico-penal del acoso familiar y no familiar se establece con la LO 1/2015, de 30 de marzo, que lo tipifica como delito en el art. 172 ter CP, también conocido como acecho o stalking, dentro de los delitos contra la libertad y con una técnica restrictiva al establecer las formas de acoso de un modo tasado; y aunque es un delito común, se estableció en el marco de la violencia de género para proteger especialmente a la mujer. El nuevo delito que viene a colmar la ausencia de un tipo penal específico para combatir las conductas de acoso persecutorio, ofrece respuesta jurídico-penal a conductas de indudable gravedad que, en muchas ocasiones, no podían ser calificadas como coacciones o amenazas. Conductas reiteradas por medio de las cuales se menoscaba gravemente la libertad, la dignidad y el sentimiento de seguridad de la víctima a la que se somete a persecuciones, seguimientos o vigilancias constantes, u otros actos continuos de hostigamiento alterando sensible y significativamente su devenir vital cotidiano.
Resulta de especial relevancia para el enjuiciamiento de los casos de acoso escolar el párrafo 1º del art. 173.1 CP que tipifica el delito de trato degradante, redactado de conformidad con lo dispuesto en la LO 15/2003, de 29 de septiembre, pues los Tribunales han acudido a él en la mayoría de los casos. El acoso escolar, denominado también bullying, actualmente constituye una de las mayores amenazas en los centros escolares, y se concreta a aquellas conductas de maltrato entre escolares llevadas a cabo de forma reiterada y continuada en el tiempo con la intención de causar un mal a la víctima en posición asimétrica respecto del acosador, a través de agresiones físicas, verbales y sociales, que atentan contra la dignidad del menor. El espacio donde se desarrolla el acoso escolar normalmente es el centro educativo (bullying), pero el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación por los menores ha llevado a que la víctima pueda sentirse acosada también fuera del centro (ciberbullying).
La regulación jurídico-penal del mobbing o acoso laboral se establece con la LO 5/2010, de 22 de junio, que lo tipifica como delito en el párrafo 2º del art. 173.1 CP. La denominación sincrética del mobbing como acoso laboral en el ámbito privado y acoso institucional o funcionarial en el ámbito público, comprende tanto el acoso psicológico laboral como el acoso moral laboral, por no ser excluyentes estos términos y sí complementarios, aunque más amplio el segundo; lo que va a determinar que la delimitación o fijación del concepto jurídico de mobbing o acoso laboral ha de tener en consideración esta postura intermedia o ecléctica en el sentido de que el mismo es acoso psicológico. La fijación de un concepto jurídico de mobbing o acoso laboral se impone por la simple necesidad de determinar la tutela jurídica que se le va a dispensar; y colmando esta imperiosa necesidad conceptualizamos el mismo como, “una conducta activa u omisiva repetida y degradante, realizada durante un tiempo por el acosador o acosadores en el lugar de trabajo donde se desarrolla la relación laboral o de servicio, con la finalidad de que se abandone aquél, que pone en peligro o lesiona la integridad moral y otros derechos fundamentales del acosado o acosados según su gravedad, pudiendo también producir un resultado dañoso personal y material, además de moral”. El mobbing o acoso laboral además de su protección jurídico-penal, es susceptible de protección jurídico-laboral, jurídico-contencioso-administrativa y jurídico-civil, así como de protección jurídico-constitucional; y esta protección también se puede dispensar al resto de las infracciones penales examinadas, aunque solamente cuando concurran los presupuestos establecidos en relación con la protección constitucional y la protección en los distintos órdenes jurisdiccionales ordinarios que se disponen en relación con el mobbing o acoso laboral.
La regulación jurídico-penal del acoso inmobiliario se establece con la LO 5/2010, de 22 de junio, que lo tipifica como delito en el párrafo 3º del art. 173.1 CP. Conceptualizamos el mobbing o acoso inmobiliario como una conducta antisocial reiterada que tiene como finalidad impedir el disfrute legítimo de la vivienda propia o arrendada, y que de ser hostil o humillante será constitutiva de infracción penal.
La regulación jurídico-penal del acoso sexual se establece con la LO 15/2003, de 29 de septiembre, que modifica el art. 184 CP; y la LO 1/2015, de 30 de marzo, introduce los arts. 183 ter y 183 quater CP (la LO 5/2010, de 22 de junio, introdujo el art. 183 bis CP, que regulaba el ciberacoso; actualmente regulado en el art. 183 ter CP). El ciberacoso o grooming, comprende comportamientos realizados a través de tecnologías de la información y la comunicación que un adulto lleva a cabo para establecer vínculos de confianza con un menor a fin de mantener relaciones sexuales con el mismo, explotarlo sexualmente o bien utilizarlo con fines pornográficos. El acoso sexual laboral tipificado en el art. 184 CP se convierte en una modalidad privilegiada de acoso laboral tipificado en el párrafo 2º del art. 173.1 CP, que admite la aplicación de sus aspectos específicos; y es una situación producida como consecuencia de que la solicitud de favores de naturaleza sexual se produce en el ámbito de una relación laboral existente entre el acosador y la víctima o acosado, que ha de ser continuada o habitual.