La obra Estructura orgánica y derechos fundamentales en la Constitución española de 1978 aborda los temas básicos del Derecho constitucional. Su concepción inicial surgió dentro del género de los manuales, destinada a servir de material de estudio a los alumnos a distancia del Título Propio de Ciencias de la Seguridad de la Universidad de Salamanca. Por ello, el libro otorga un tratamiento especial a todas aquellas cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales y sus garantías constitucionales, aspectos que resultan especialmente interesantes para los futuros criminólogos y detectives privados. No obstante, más allá de esta idea originaria, la obra pretende ser un estudio exhaustivo de la Constitución de 1978, de la organización de los poderes, tanto en su dimensión horizontal como territorial, así como de los derechos y libertades que declara el texto constitucional español. Especialmente interesante reulta la metodología empleada en el análisis de los temas, que alcanza no sólo al tratamiento teórico de las cuestiones sino también a su dimensión práctica. En este sentido, el libro realiza continuas referencias al tratamiento legislativo y jurisprudencial de la materia, con una dedicación especial a la labor de interpretación que de la Constitución española en el ámbito de los derechos lleva a cabo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Resulta también atractivo el diseño de cada uno de los temas. Todos los capítulos se organizan metodológicamente en tres partes: la explicación teórico-práctica del tema: la exposición de supuestos prácticos que el alumno debe resolver y, finalmente, la propuesta de unos ejercicios de test que sirven al estudiante para evaluar sus conocimientos.

El II Congreso Internacional de Jóvenes investigadores en Ciencias Penales, celebrado en Salamanca en los días 27 a 29 de junio de 2011, viene a rubricar esa vocación de continuidad de aquél primer congreso salmantino del año 2009. Y este recado de permanencia se ha dado, de nuevo en esta segunda edición, con la fundamental colaboración de jóvenes investigadores de diferentes universidades, como las de Verona, A Coruña, Barcelona, Palermo, La Laguna, Jaume I, Autónoma de Barcelona, UNED, Libre de Berlín, Valladolid, Salamanca, Málaga, Autónoma de Madrid, Nova de Lisboa, Castilla la Mancha y Trento. Vaya nuestra felicitación a estas universidades por la excelencia de tales investigadores, cuya manifestación es este documento que refiere sus diferentes ponencias, unos trabajos de investigación que constituyen una obra inevitable si queremos conocer los aportes doctrinales y las más recientes reflexiones de la temática objeto del Congreso. De la entonces defensa y particular lectura de tan importantes trabajos se advierte el compromiso investigador de sus autores en un abordaje fundamentalmente crítico, propiciado por un impecable análisis que recorre tres bloques temáticos. La fragmentación sirve, sin embargo, tan sólo a los meros efectos expositivos, dado que, en todos los trabajos, con independencia de su particular asunto, el hilo conductor es el análisis crítico que obliga a la revisión y que aporta propuestas de reforma, en un contexto que se siente común por compartir las premisas de un derecho penal garantista.

La obra Estructura orgánica y derechos fundamentales en la Constitución española de 1978 aborda los temas básicos del Derecho constitucional. Su concepción inicial surgió dentro del género de los manuales, destinada a servir de material de estudio a los alumnos a distancia del Título Propio de Ciencias de la Seguridad de la Universidad de Salamanca. Por ello, el libro otorga un tratamiento especial a todas aquellas cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales y sus garantías constitucionales, aspectos que resultan especialmente interesantes para los futuros criminólogos y detectives privados. No obstante, más allá de esta idea originaria, la obra pretende ser un estudio exhaustivo de la Constitución de 1978, de la organización de los poderes, tanto en su dimensión horizontal como territorial, así como de los derechos y libertades que declara el texto constitucional español. Especialmente interesante reulta la metodología empleada en el análisis de los temas, que alcanza no sólo al tratamiento teórico de las cuestiones sino también a su dimensión práctica. En este sentido, el libro realiza continuas referencias al tratamiento legislativo y jurisprudencial de la materia, con una dedicación especial a la labor de interpretación que de la Constitución española en el ámbito de los derechos lleva a cabo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Resulta también atractivo el diseño de cada uno de los temas. Todos los capítulos se organizan metodológicamente en tres partes: la explicación teórico-práctica del tema: la exposición de supuestos prácticos que el alumno debe resolver y, finalmente, la propuesta de unos ejercicios de test que sirven al estudiante para evaluar sus conocimientos.

AUNQUE DE ALGUNA MANERA siempre hubo interés por relacionar los procesos psicosociales y los jurídicos, y a pesar de que existen importantes antecedentes, incluso en España (Mira i López, 1932, quien publicó el primer manual de Psicología Jurídica en nuestro país), sin embargo el psicólogo social se ha mantenido tradicionalmente al margen de las cuestiones legales y de las cuestiones jurídicas, y sólo recientemente ha empezado a preocuparse por este campo, eso sí, cada vez más. De hecho, hay que esperar a 1980 para que aparezca en nuestro país otro manual de Psicología Jurídica, el de Muñoz, Bayés y Munné (1980). Pero con el crecimiento de la Psicología Social, y su expansión sobre todo por los ámbitos aplicados, está surgiendo también aquí una cada vez más potente Psicología Jurídica. Y es que las implicaciones mutuas entre el mundo jurídico y el de la psicología son numerosas. «A fin de cuentas, el Derecho y los sistemas de administración de justicia no son más que intentos, decantados y cristalizados a través de un proceso histórico, de regular la convivencia social, de reducir y resolver el conflicto que la interacción produce inevitablemente... No hace falta ser muy psicologicista, ni caer en tentaciones corporativas, para concluir que los conocimientos sobre el comportamiento deben ser una herramienta fundamental en el análisis y comprensión de este proceso. La psicología se sitúa así en una atalaya privilegiada desde la que observar a sujetos, grupos e instituciones implicadas. Y, desde luego, esa psicología que lleva lo social por apellido no puede renunciar a tener como alguno de sus objetivos más queridos aquello que tenga que ver con la ley: su inspiración, su violación y castigo, la prevención del delito, sus causas y explicaciones, las instituciones carcelarias, las posibilidades de reinserción de los delincuentes, etc. (Sobral, 1996, p. 254)». Por otra parte, en este libro mostraremos numerosos casos en que, en contra de lo que muchos profesionales del Derecho creen, la Psicología y la Psicología Social están encontrando y construyendo en sus investigaciones una serie de fenómenos que no sólo van más allá del sentido común, sino que incluso le contradicen abierta y frontalmente. Al lector le sorprenderán muchos de estos hallazgos psicológicos y psicosociales. Pero es que además de sorprenderlos, puede serles de gran ayuda en su práctica profesional, tanto en la testificación, como en las ruedas de reconocimiento o en sus investigaciones sobre casos criminales como pueden ser violaciones o asesinatos. Es cierto que, «la Psicología Jurídica a lo largo de las apariciones esporádicas antes de los años ochenta del siglo XX y en su prolífica aparición y asentamiento durante los últimos 25 años, ha estado siempre a merced de la ciencia jurídica, quizá, como analiza acertadamente Carson (2003), por el simple hecho histórico de que el Derecho existe desde que las personas comenzaron a convivir, lo que les ha obligado a definir y redefinir conceptos que pueden escapárseles a los psicólogos; quizá, simplemente, porque el Derecho es el poder y ‘conoce’ las reglas fácticas de la convivencia y el poder no se deja juzgar sino que juzga e impone sus normas, como bien ha señalado la llamada criminología crítica (Garrido y Herrero, 2006, p. 33)». Pero también debe ser cierto, como añaden Garrido y Herrero, que «hacer hoy leyes o aplicarlas sin tener en cuenta los hallazgos de las ciencias sociales es, cuando menos, una temeridad. Pero no lo es menor llevar a cabo investigaciones en Psicología Jurídica alejadas de las necesidades que tienen quienes han de dictar leyes o sentencias». Para mostrar, ya desde estas primeras páginas, la utilidad que puede tener la Psicología para el Derecho recordemos, por no poner ahora sino un solo ejemplo, que una de las principales causas de los errores judiciales son precisamente las identificaciones erróneas de los testigos presenciales y los errores no intencionales en las testificaciones. Veamos un sorprendente ejemplo real, expuesto por Loftus, Green y Doyle (1990) sobre el conocido caso del psicólogo Donald Thomson, quien participó en un debate televisado sobre el tema del testigo presencial. Posteriormente sería arrestado y acusado de violación e identificado por la víctima en una rueda de reconocimiento. Thomson consiguió de la policía detalles de la violación, descubriendo que había ocurrido en el mismo momento de su aparición en la pantalla, con lo que tenía una coartada perfecta. Más tarde la investigación mostró que la mujer había sido violada mientras veía la imagen de Thomson en el televisor, de forma que había fusionado mentalmente la imagen de éste con la del agresor. Pues bien, aunque el caso de Thomson es un caso muy especial, no es raro encontrar otros muchos ejemplos similares. Así, Milagros Sáiz (2002) llevó a cabo un experimento en la Universidad Autónoma de Barcelona en el que un grupo de estudiantes fueron testigos de un asesinato, presentado a través de una filmación en la que una joven que estaba conversando en el interior de un coche con un hombre de color fue asesinada por otro hombre, también de color, que disparó desde otro vehículo que se detuvo unos breves instantes. Los resultados mostraron que la mayoría de los estudiantes, en concreto el 60%, cometieron un importante error de reconocimiento: en la rueda de reconocimiento que se preparó a través de fotogramas de películas y en la que entre los presuntos culpables se hallaban tanto el hombre que acompañaba a la mujer asesinada como el verdadero asesino, eligieron erróneamente al primero creyéndole el real ejecutor del asesinato. Pero lo grave es que, como dice Wells (1993), «las falsas identificaciones ocurren con sorprendente frecuencia en los experimentos y la mayoría de la gente tiene demasiada confianza o fe sobre la evidencia y la identificación aportada por los testigos». Y más grave aún, si cabe, es el hecho de que un testigo que hace una falsa identificación, a menudo, es tan persuasivo como un testigo que hace una identificación exacta o correcta, y, sobre todo, que son frecuentes los casos de persona que han sido consideradas culpables en base a la aceptación del testimonio de los testigos presenciales que han incurrido en errores involuntarios. Frente a todo esto, la Psicología del testigo intenta determinar la calidad de los testimonios que sobre delitos y accidentes presentan los testigos presenciales. No olvidemos que Psicología y Ley son dos fenómenos absolutamente inseparables por la sencilla razón de que, como señalan Garrido y Herrero (2006, p. 5), en pocos escritos se encuentra tanta Psicología como en los textos legales. Digamos que la función del Derecho fue hacer psicología antes incluso de que existiera la Psicología. Pero ahora que existen ambas disciplinas, Psicología y Derecho, están condenadas a entenderse y a colaborar entre sí, si realmente quiere cada una de ellas comprender cabalmente su campo de estudio. Y, con toda seguridad, más útil le será la Psicología al Derecho que al revés, pues los profesionales del Derecho y la Ley (jueces, abogados, policías, criminólogos, forenses, etc.) trabajan con personas, y es la Psicología la disciplina que estudia la conducta humana y los factores que la dirigen (cogniciones, sesgos cognitivos, emociones, pasiones, estereotipos, prejuicios, influencia del ambiente, etc.). Espero que la lectura de este libro sea capaz de convencer a sus lectores de lo que acabo de decir, caso de que algunos no lo tuvieran ya claro antes de leer este libro. Al fin y al cabo, por no poner sino un ejemplo, cada sentencia judicial está contaminada, en mayor o menor medida y lo quiera o no lo quiera el juez que la ha emitido, por las actitudes, los estereotipos, los prejuicios, la ideología, etc., del propio juez, así como por factores sociales y colectivos como la alarma social, el hecho de que haya sido muy publicitada por los medios de comunicación, etc. Y si esto es así en los veredictos de los jueces, ¿qué deberíamos decir de los veredictos o toma de decisiones de los jurados, que, al constituir un grupo, se ven afectados, además, por los procesos grupales que rigen el comportamiento de los individuos dentro de los grupos y el del grupo mismo? Por otra parte, el término Psicología Jurídica tiene dos grandes significados, como luego veremos mejor: tiene un significado estricto, refiriéndose esencialmente a las aportaciones que puede hacer la Psicología y particularmente la Psicología Social en la Sala de Justicia, y tiene también un significado más amplio de forma que puede abarcar todas las aplicaciones de la Psicología y especialmente de la Psicología Social al campo de la Ley y del Derecho y que, como luego volveremos a decir, tal vez sea útil y oportuno llamarla Psicología Judicial, para distinguirla de la Psicología Jurídica. Es en este segundo sentido, en el amplio, en el que tenemos que subrayar que el ámbito de la Psicología Jurídica, o mejor Psicología Judicial, es muy amplio y diverso (Psicología Jurídica propiamente dicha, Psicología Forense, Psicología Policial, Psicología Criminal o Criminología, etc.). De hecho, si se examinan los numerosos manuales existentes en este campo podrá constarse que incluyen temas tan diversos como los de la testificación, la psicología de las sectas, el acoso laboral, la violencia de género, el abuso sexual a niños y niñas, la protección de menores, la psicología del terrorismo, etc. Pues bien, este texto pretende hacer un análisis relativamente profundo y exhaustivo de lo que podríamos llamar la Psicología Judicial para criminólogos, con lo que, por fuerza, deberemos concentrarnos sobre todo en dos de los ámbitos de la Psicología Jurídica antes apuntados: la Psicología Jurídica en sentido estricto, que constituirá la primera parte del libro y que desarrollará en profundidad algunos de los temas más relevantes tanto para abogados y jueces como para psicólogos, policías criminólogos y otros profesionales de la Ley y del Derecho, en especial todo lo relacionado con lo que podemos llamar psicología del testimonio. Más en concreto, y en coherencia con lo anterior, en este libro analizaremos ante todo las relaciones entre la Psicología y el Derecho (capítulo 1), así como los problemas de la declaración de los testigos, sean éstos adultos (capítulo 3) o sean niños (capítulo 4). Igualmente, y una vez vistos los problemas de la testificación y de la propia memoria humana, trataremos la toma de decisiones judiciales tanto de jueces como, sobre todo, de jurados (capítulo 5), decisiones enormemente complicadas y difíciles si tenemos en cuenta no sólo los sesgos de percepción y memoria de los individuos, sino también los derivados de aspectos tan humanos como la categorización social (de donde derivan los estereotipos y los prejuicios) o la psicología de los grupos. Pero siempre basándolo en un análisis relativamente profundo de la irracionalidad humana (capítulo 2), incluyendo los sesgos de percepción y de atribución así como los heurísticos y los problemas inherentes a la memoria humana, dado que el ser humano es ante todo un ser social y emocional más que cognitivo, por lo que se hace del todo imposible la «metáfora computacional» que parte de la base de una identificación excesiva y errónea entre el cerebro humano y el ordenador. De otro lado, la que podemos considerar la segunda parte del libro incluye cuatro capítulos que deberían ser incluidos en la Psicología Criminal o Criminológica. De hecho, veremos las principales relaciones entre la Psicología Social y la Criminología (capítulo 6), diferentes aplicaciones psisociales a la investigación criminal (capítulo 7), la Psicología Social del comportamiento sectario, incluyendo dos ámbitos, el de las sectas y el de los grupos terroristas (capítulo 8) y, finalmente, un fenómeno que cada día adquiere más resonancia y, a medida que es más y mejor conocido, más alarma social produce, dado el enorme dramatismo de sus efectos. Me refiero al acoso laboral o mobbing (capítulo 9). Finalmente, se añade una amplísima bibliografía que incluye todas las referencias citadas señalando con un asterisco aquellas cuya lectura se aconseja especialmente para una ampliación de los temas aquí tratados.

Esta tesis doctoral versa sobre los Derechos Humanos de Tercera Generación, en especial referencia al Derecho al Desarrollo. Tratase de un abordaje propositiva con respecto a la contribución del Poder Judicial para el desarrollo socio-económico, a partir de una perspectiva interdisciplinario entre el neoinstitucionalismo económico y algunas divisiones del Derecho, especialmente el Internacional Público, Constitucional y Procesal Civil, con algunas incursiones en la Filosofía del Derecho.

Algunas ideas claves son presentadas con resalto de la importancia y valorización de los Derechos Humanos, como la de considerar que la existencia digna del hombre en la faz de la tierra está inexorablemente condicionada por los derechos humanos, tanto los derechos civiles y políticos cuanto por los derechos económicos, sociales y culturales y, especialmente, por los derechos de tercera dimensión: al medio ambiente, a la paz universal y al desarrollo de los individuos y de los pueblos. Para la realización efectiva de estos Derechos Humanos se exige la participación de todos. Así sobresale la actuación de la Justicia, por medio de la protección a esos derechos.

[ES] La presente monografía tiene como fin analizar la figura del derecho de desistimiento del consumidor, con especial referencia en materia de contratación electrónica, tanto a nivel comunitario como nacional. Para lo cual, se divide en cuatro capítulos, en el primero se describe como se encuentra regulada la protección del consumidor en la Unión Europea y España. En el segundo capítulo, hacemos la distinción entre los que es derecho de desistimiento y otras formas de ineficacia contractual, por ejemplo, la nulidad, anulabilidad, entre otras. Asimismo, brindamos un concepto de lo que debe entenderse por derecho de desistimiento del consumidor, el cual encaja perfectamente a nivel europeo y nacional. En el tercer capítulo se aborda la perfección y ejecución del contrato electrónico como modalidad de la contratación a distancia. En el capítulo IV, explicaremos el régimen jurídico del derecho de desistimiento en el marco de la contratación electrónica, el cual en la legislación actual se ha uniformado por medio de la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Una vez descrito el panorama de nuestro estudio, trataremos de responder a los siguientes interrogantes: ¿Qué es el derecho de desistimiento del consumidor? ¿En qué consiste? ¿Cuál es su importancia práctica y su régimen jurídico, en particular, en el marco de la contratación electrónica? Y ¿Qué ha significado en el marco del Derecho de Consumo?

[EN] This paper aims to analyze the figure of the right of withdrawal of the consumer, with particular emphasis on electronic contracting, both Community and national level. For which, is divided into four chapters, in the first described as regulated consumer protection in the European Union and Spain. In the second chapter, we distinguish between those who are right of withdrawal and other forms of contractual ineffectiveness, for example, nullity, annullable, inter alia. Also, we provide a concept of what is meant by right of withdrawal of the consumer, which fits perfectly at European and national level. In the third chapter is approached perfection and execution of contract electronic as a form of distance contracting. In Chapter IV, explain the legal regime of the right of withdrawal in the context of eProcurement, which in the current legislation is uniformed by the Law 3/2014 of 27 of March, by amending of the General Law for the Protection of Consumers and Users and other complementary laws. Having described the landscape of our study, try to answer the following questions: What is the right of withdrawal of the consumer? What is? What is its practical importance, their legal status, particularly in the context of e-procurement? And, What has meaning in the context of consumer law?

Un año más los jóvenes investigadores de las universidades españolas en el campo de los Estudios Ingleses reúnen sus esfuerzos para presentar un nuevo volumen de excelentes colaboraciones bajo el título RESEARCH CHALLENGES FOR ANGLOPHONE STUDIES IN THE 21st CENTURY. El título no solo no defrauda al lector, sino que responde a las principales preocupaciones de la investigación más novedosa desarrollada en la universidad. Este volumen, siguiendo el modelo de anteriores publicaciones, gira en torno a las tres grandes áreas clásicas relacionadas con los Estudios Ingleses: estudios culturales, lingüísticos y literarios. De ese modo, la aproximación interdisciplinar a los estudios anglófonos continúa siendo el eje medular de la publicación.

El libro que el lector tienen en sus manos es el fruto de la reflexión de los ponentes del «III Congreso Internacional de Jóvenes investigadores en Ciencias penales de la Universidad de Salamanca», en el recorrido de los temas trascendentales que las ciencias penales protagonizan en la sociedad actual: la prevención penal, los delitos, las penas y el proceso ante las nuevas tecnologías de la información y comunicación, la libertad de expresión en las redes sociales, el discurso actual de las penas, de la política criminal y la revisión de importantes figuras penales (como el feminicidio, el tráfico de órganos, la criminalidad organizada, la propiedad intelectual, el tráfico de drogas, la violación de secretos, la corrupción pública, la culpabilidad y la autoría, los menores infractores y víctimas, etc.)

Análisis de la Estrategia de Seguridad Nacional 2013, así como de sus antecedente y los documentos que han influido en su confección, para la determinación de la concepción de seguridad que sustenta la herramienta y que servirá de guía para la elaboración de las políticas de seguridad. Determinación de las incoherencias existentes entre la concepción asumida por los impulsores de la adopción de la Estrategia y la que se deriva de la definición aportada y aquella que subyace del desarrollo del texto.   Estudio de las reformas legislativas en materia de seguridad que se han efectuado a lo largo de la X Legislatura a la luz de las conclusiones extraídas del estudio de la Estrategia de Seguridad Nacional.   Aproximación a la utilización del Derecho Penal como herramienta de seguridad en base a las reformas del Código penal introducidas por las Leyes Orgánicas aprobadas el 30 de marzo de 2015.

El II Congreso Internacional de Jóvenes investigadores en Ciencias Penales, celebrado en Salamanca en los días 27 a 29 de junio de 2011, viene a rubricar esa vocación de continuidad de aquél primer congreso salmantino del año 2009. Y este recado de permanencia se ha dado, de nuevo en esta segunda edición, con la fundamental colaboración de jóvenes investigadores de diferentes universidades, como las de Verona, A Coruña, Barcelona, Palermo, La Laguna, Jaume I, Autónoma de Barcelona, UNED, Libre de Berlín, Valladolid, Salamanca, Málaga, Autónoma de Madrid, Nova de Lisboa, Castilla la Mancha y Trento. Vaya nuestra felicitación a estas universidades por la excelencia de tales investigadores, cuya manifestación es este documento que refiere sus diferentes ponencias, unos trabajos de investigación que constituyen una obra inevitable si queremos conocer los aportes doctrinales y las más recientes reflexiones de la temática objeto del Congreso. De la entonces defensa y particular lectura de tan importantes trabajos se advierte el compromiso investigador de sus autores en un abordaje fundamentalmente crítico, propiciado por un impecable análisis que recorre tres bloques temáticos. La fragmentación sirve, sin embargo, tan sólo a los meros efectos expositivos, dado que, en todos los trabajos, con independencia de su particular asunto, el hilo conductor es el análisis crítico que obliga a la revisión y que aporta propuestas de reforma, en un contexto que se siente común por compartir las premisas de un derecho penal garantista.