En la actualidad, la mediación está cobrando un enorme protagonismo como método alternativo para la resolución de conflictos en todos los ámbitos de la sociedad (familiar, civil y mercantil, vecinal, escolar, políticos y también internacionales). Como no podía ser de otro modo, también ha ganado peso en los sistemas penal y penitenciario español, habiéndose creado una importante corriente doctrinal y judicial que pretende potenciar la justicia restaurativa, en lugar de la retributiva que había sido la dominante hasta hace pocos años. La justicia restaurativa parte de la víctima y de sus intereses, pero los hace confluir con los del victimario y con los de la sociedad en general; todos conjuntamente podrán contribuir a fortalecer la credibilidad de la norma penal mediante el restablecimiento del diálogo social que el delito quebró. La mediación en el ámbito penitenciario pretende también reducir la existencia de conflictos interpersonales en las cárceles, donde la situación dada por la privación de libertad, la falta de intimidad y la estrecha convivencia a menudo confluyen en roces y tensiones entre los internos.

"El Derecho Constitucional tiene una característica que lo distingue del resto de los cuerpos normativos que constituyen el Ordenamiento Jurídico: no puede darse sino en determinadas condiciones políticas. Los demás cuerpos jurídicos, de ámbito privado y público, siempre están vigentes, se trate de una autocracia o una democracia el régimen político en el que se asienten. El Derecho Constitucional no, porque sólo florece en regímenes que hayan creado las circunstancias necesarias para poder alcanzar su objetivo primordial: la preservación de los derechos personales frente a los abusos de poder.

La obra Estructura orgánica y derechos fundamentales en la Constitución española de 1978 aborda los temas básicos del Derecho constitucional. Su concepción inicial surgió dentro del género de los manuales, destinada a servir de material de estudio a los alumnos a distancia del Título Propio de Ciencias de la Seguridad de la Universidad de Salamanca. Por ello, el libro otorga un tratamiento especial a todas aquellas cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales y sus garantías constitucionales, aspectos que resultan especialmente interesantes para los futuros criminólogos y detectives privados. No obstante, más allá de esta idea originaria, la obra pretende ser un estudio exhaustivo de la Constitución de 1978, de la organización de los poderes, tanto en su dimensión horizontal como territorial, así como de los derechos y libertades que declara el texto constitucional español. Especialmente interesante reulta la metodología empleada en el análisis de los temas, que alcanza no sólo al tratamiento teórico de las cuestiones sino también a su dimensión práctica. En este sentido, el libro realiza continuas referencias al tratamiento legislativo y jurisprudencial de la materia, con una dedicación especial a la labor de interpretación que de la Constitución española en el ámbito de los derechos lleva a cabo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Resulta también atractivo el diseño de cada uno de los temas. Todos los capítulos se organizan metodológicamente en tres partes: la explicación teórico-práctica del tema: la exposición de supuestos prácticos que el alumno debe resolver y, finalmente, la propuesta de unos ejercicios de test que sirven al estudiante para evaluar sus conocimientos.

Como es habitual, la nueva edición de Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales lleva asociada la publicación de su correspondiente texto de Cuestionarios de Autoevaluación y Aprendizaje sobre Prevención de Riesgos Laborales, que va ya por su 5ª edición. Al igual que con la teoría, el contenido de las 1.200 cuestiones y sus correspondientes respuestas que integran esta obra se ha revisado y actualizado para adaptarlo a la legislación vigente. El objetivo es potenciar el aprendizaje autónomo mediante el acceso a los textos normativos más relevantes. No se trata, por tanto, de una mera formulación de preguntas relacionadas con la prevención de riesgos laborales, sino de la aplicación de una metodología de autoaprendizaje secuencial fundamentada sobre los planteamientos teóricos de Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales. La selección de las preguntas se ha actualizado con respecto a la anterior edición, y se ha tenido en cuenta que en su mayoría puedan ser contestadas por el alumno después de estudiar el tema correspondiente. También, se han incluido intencionadamente cuestiones con el fin de que el estudiante se vea obligado a consultar la bibliografía básica relativa al tema, pudiendo recurrir para ello a la nueva edición, la 6ª, de Marco Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales.

La "incapacitación judicial" (o "modificación de la capacidad de obrar") es un procedimiento que habitualmente afrontan personas a las que se ha diagnosticado discapacidad intelectual. Esta práctica se realiza para establecer medidas judiciales de protección personal y patrimonial. Sin embargo, este procedimiento implica la vulneración de derechos fundamentales. Los relatos de las experiencias vividas por personas afectadas y sus familiares sugieren que esta práctica está profundamente atravesada por un conjunto de prejuicios, estigmas y estereotipos sobre las personas a las que se ha diagnosticado discapacidad intelectual. Desde la perspectiva de la antropología jurídica y los Critical Disability Studies, se ofrece un análisis cualitativo sobre esta cuestión.

AUNQUE DE ALGUNA MANERA siempre hubo interés por relacionar los procesos psicosociales y los jurídicos, y a pesar de que existen importantes antecedentes, incluso en España (Mira i López, 1932, quien publicó el primer manual de Psicología Jurídica en nuestro país), sin embargo el psicólogo social se ha mantenido tradicionalmente al margen de las cuestiones legales y de las cuestiones jurídicas, y sólo recientemente ha empezado a preocuparse por este campo, eso sí, cada vez más. De hecho, hay que esperar a 1980 para que aparezca en nuestro país otro manual de Psicología Jurídica, el de Muñoz, Bayés y Munné (1980). Pero con el crecimiento de la Psicología Social, y su expansión sobre todo por los ámbitos aplicados, está surgiendo también aquí una cada vez más potente Psicología Jurídica. Y es que las implicaciones mutuas entre el mundo jurídico y el de la psicología son numerosas. «A fin de cuentas, el Derecho y los sistemas de administración de justicia no son más que intentos, decantados y cristalizados a través de un proceso histórico, de regular la convivencia social, de reducir y resolver el conflicto que la interacción produce inevitablemente... No hace falta ser muy psicologicista, ni caer en tentaciones corporativas, para concluir que los conocimientos sobre el comportamiento deben ser una herramienta fundamental en el análisis y comprensión de este proceso. La psicología se sitúa así en una atalaya privilegiada desde la que observar a sujetos, grupos e instituciones implicadas. Y, desde luego, esa psicología que lleva lo social por apellido no puede renunciar a tener como alguno de sus objetivos más queridos aquello que tenga que ver con la ley: su inspiración, su violación y castigo, la prevención del delito, sus causas y explicaciones, las instituciones carcelarias, las posibilidades de reinserción de los delincuentes, etc. (Sobral, 1996, p. 254)». Por otra parte, en este libro mostraremos numerosos casos en que, en contra de lo que muchos profesionales del Derecho creen, la Psicología y la Psicología Social están encontrando y construyendo en sus investigaciones una serie de fenómenos que no sólo van más allá del sentido común, sino que incluso le contradicen abierta y frontalmente. Al lector le sorprenderán muchos de estos hallazgos psicológicos y psicosociales. Pero es que además de sorprenderlos, puede serles de gran ayuda en su práctica profesional, tanto en la testificación, como en las ruedas de reconocimiento o en sus investigaciones sobre casos criminales como pueden ser violaciones o asesinatos. Es cierto que, «la Psicología Jurídica a lo largo de las apariciones esporádicas antes de los años ochenta del siglo XX y en su prolífica aparición y asentamiento durante los últimos 25 años, ha estado siempre a merced de la ciencia jurídica, quizá, como analiza acertadamente Carson (2003), por el simple hecho histórico de que el Derecho existe desde que las personas comenzaron a convivir, lo que les ha obligado a definir y redefinir conceptos que pueden escapárseles a los psicólogos; quizá, simplemente, porque el Derecho es el poder y ‘conoce’ las reglas fácticas de la convivencia y el poder no se deja juzgar sino que juzga e impone sus normas, como bien ha señalado la llamada criminología crítica (Garrido y Herrero, 2006, p. 33)». Pero también debe ser cierto, como añaden Garrido y Herrero, que «hacer hoy leyes o aplicarlas sin tener en cuenta los hallazgos de las ciencias sociales es, cuando menos, una temeridad. Pero no lo es menor llevar a cabo investigaciones en Psicología Jurídica alejadas de las necesidades que tienen quienes han de dictar leyes o sentencias». Para mostrar, ya desde estas primeras páginas, la utilidad que puede tener la Psicología para el Derecho recordemos, por no poner ahora sino un solo ejemplo, que una de las principales causas de los errores judiciales son precisamente las identificaciones erróneas de los testigos presenciales y los errores no intencionales en las testificaciones. Veamos un sorprendente ejemplo real, expuesto por Loftus, Green y Doyle (1990) sobre el conocido caso del psicólogo Donald Thomson, quien participó en un debate televisado sobre el tema del testigo presencial. Posteriormente sería arrestado y acusado de violación e identificado por la víctima en una rueda de reconocimiento. Thomson consiguió de la policía detalles de la violación, descubriendo que había ocurrido en el mismo momento de su aparición en la pantalla, con lo que tenía una coartada perfecta. Más tarde la investigación mostró que la mujer había sido violada mientras veía la imagen de Thomson en el televisor, de forma que había fusionado mentalmente la imagen de éste con la del agresor. Pues bien, aunque el caso de Thomson es un caso muy especial, no es raro encontrar otros muchos ejemplos similares. Así, Milagros Sáiz (2002) llevó a cabo un experimento en la Universidad Autónoma de Barcelona en el que un grupo de estudiantes fueron testigos de un asesinato, presentado a través de una filmación en la que una joven que estaba conversando en el interior de un coche con un hombre de color fue asesinada por otro hombre, también de color, que disparó desde otro vehículo que se detuvo unos breves instantes. Los resultados mostraron que la mayoría de los estudiantes, en concreto el 60%, cometieron un importante error de reconocimiento: en la rueda de reconocimiento que se preparó a través de fotogramas de películas y en la que entre los presuntos culpables se hallaban tanto el hombre que acompañaba a la mujer asesinada como el verdadero asesino, eligieron erróneamente al primero creyéndole el real ejecutor del asesinato. Pero lo grave es que, como dice Wells (1993), «las falsas identificaciones ocurren con sorprendente frecuencia en los experimentos y la mayoría de la gente tiene demasiada confianza o fe sobre la evidencia y la identificación aportada por los testigos». Y más grave aún, si cabe, es el hecho de que un testigo que hace una falsa identificación, a menudo, es tan persuasivo como un testigo que hace una identificación exacta o correcta, y, sobre todo, que son frecuentes los casos de persona que han sido consideradas culpables en base a la aceptación del testimonio de los testigos presenciales que han incurrido en errores involuntarios. Frente a todo esto, la Psicología del testigo intenta determinar la calidad de los testimonios que sobre delitos y accidentes presentan los testigos presenciales. No olvidemos que Psicología y Ley son dos fenómenos absolutamente inseparables por la sencilla razón de que, como señalan Garrido y Herrero (2006, p. 5), en pocos escritos se encuentra tanta Psicología como en los textos legales. Digamos que la función del Derecho fue hacer psicología antes incluso de que existiera la Psicología. Pero ahora que existen ambas disciplinas, Psicología y Derecho, están condenadas a entenderse y a colaborar entre sí, si realmente quiere cada una de ellas comprender cabalmente su campo de estudio. Y, con toda seguridad, más útil le será la Psicología al Derecho que al revés, pues los profesionales del Derecho y la Ley (jueces, abogados, policías, criminólogos, forenses, etc.) trabajan con personas, y es la Psicología la disciplina que estudia la conducta humana y los factores que la dirigen (cogniciones, sesgos cognitivos, emociones, pasiones, estereotipos, prejuicios, influencia del ambiente, etc.). Espero que la lectura de este libro sea capaz de convencer a sus lectores de lo que acabo de decir, caso de que algunos no lo tuvieran ya claro antes de leer este libro. Al fin y al cabo, por no poner sino un ejemplo, cada sentencia judicial está contaminada, en mayor o menor medida y lo quiera o no lo quiera el juez que la ha emitido, por las actitudes, los estereotipos, los prejuicios, la ideología, etc., del propio juez, así como por factores sociales y colectivos como la alarma social, el hecho de que haya sido muy publicitada por los medios de comunicación, etc. Y si esto es así en los veredictos de los jueces, ¿qué deberíamos decir de los veredictos o toma de decisiones de los jurados, que, al constituir un grupo, se ven afectados, además, por los procesos grupales que rigen el comportamiento de los individuos dentro de los grupos y el del grupo mismo? Por otra parte, el término Psicología Jurídica tiene dos grandes significados, como luego veremos mejor: tiene un significado estricto, refiriéndose esencialmente a las aportaciones que puede hacer la Psicología y particularmente la Psicología Social en la Sala de Justicia, y tiene también un significado más amplio de forma que puede abarcar todas las aplicaciones de la Psicología y especialmente de la Psicología Social al campo de la Ley y del Derecho y que, como luego volveremos a decir, tal vez sea útil y oportuno llamarla Psicología Judicial, para distinguirla de la Psicología Jurídica. Es en este segundo sentido, en el amplio, en el que tenemos que subrayar que el ámbito de la Psicología Jurídica, o mejor Psicología Judicial, es muy amplio y diverso (Psicología Jurídica propiamente dicha, Psicología Forense, Psicología Policial, Psicología Criminal o Criminología, etc.). De hecho, si se examinan los numerosos manuales existentes en este campo podrá constarse que incluyen temas tan diversos como los de la testificación, la psicología de las sectas, el acoso laboral, la violencia de género, el abuso sexual a niños y niñas, la protección de menores, la psicología del terrorismo, etc. Pues bien, este texto pretende hacer un análisis relativamente profundo y exhaustivo de lo que podríamos llamar la Psicología Judicial para criminólogos, con lo que, por fuerza, deberemos concentrarnos sobre todo en dos de los ámbitos de la Psicología Jurídica antes apuntados: la Psicología Jurídica en sentido estricto, que constituirá la primera parte del libro y que desarrollará en profundidad algunos de los temas más relevantes tanto para abogados y jueces como para psicólogos, policías criminólogos y otros profesionales de la Ley y del Derecho, en especial todo lo relacionado con lo que podemos llamar psicología del testimonio. Más en concreto, y en coherencia con lo anterior, en este libro analizaremos ante todo las relaciones entre la Psicología y el Derecho (capítulo 1), así como los problemas de la declaración de los testigos, sean éstos adultos (capítulo 3) o sean niños (capítulo 4). Igualmente, y una vez vistos los problemas de la testificación y de la propia memoria humana, trataremos la toma de decisiones judiciales tanto de jueces como, sobre todo, de jurados (capítulo 5), decisiones enormemente complicadas y difíciles si tenemos en cuenta no sólo los sesgos de percepción y memoria de los individuos, sino también los derivados de aspectos tan humanos como la categorización social (de donde derivan los estereotipos y los prejuicios) o la psicología de los grupos. Pero siempre basándolo en un análisis relativamente profundo de la irracionalidad humana (capítulo 2), incluyendo los sesgos de percepción y de atribución así como los heurísticos y los problemas inherentes a la memoria humana, dado que el ser humano es ante todo un ser social y emocional más que cognitivo, por lo que se hace del todo imposible la «metáfora computacional» que parte de la base de una identificación excesiva y errónea entre el cerebro humano y el ordenador. De otro lado, la que podemos considerar la segunda parte del libro incluye cuatro capítulos que deberían ser incluidos en la Psicología Criminal o Criminológica. De hecho, veremos las principales relaciones entre la Psicología Social y la Criminología (capítulo 6), diferentes aplicaciones psisociales a la investigación criminal (capítulo 7), la Psicología Social del comportamiento sectario, incluyendo dos ámbitos, el de las sectas y el de los grupos terroristas (capítulo 8) y, finalmente, un fenómeno que cada día adquiere más resonancia y, a medida que es más y mejor conocido, más alarma social produce, dado el enorme dramatismo de sus efectos. Me refiero al acoso laboral o mobbing (capítulo 9). Finalmente, se añade una amplísima bibliografía que incluye todas las referencias citadas señalando con un asterisco aquellas cuya lectura se aconseja especialmente para una ampliación de los temas aquí tratados.

En esta obra se realiza un amplio recorrido por la actual regulación de las principales figuras que tradicionalmente se han incardinado en el concepto de ciberdelitos. Se analizan, entre otros, los delitos contra la intimidad, como el de hacking, los daños informáticos o los delitos contra la propiedad intelectual. Todo ello a la luz de las más recientes reformas en la materia y tendiendo muy presente la especial problemática que plantean las reglas de limitación de responsabilidad de esos partícipes necesarios en la distribución de contenidos en internet que son los proveedores de servicios de la sociedad de la información. Se aporta así una visión completa de la actual configuración de estas figuras, dando solución a los muchos problemas prácticos que se le plantean tanto a la doctrina que se ha ocupado de analizarlos como a nuestros tribunales.

Fruto de casi siete años de investigaciones, este trabajo del historiador Pablo Vagliente se centra en un caso, Córdoba, y un período, 1850-1930, decisivos para entender el zigzagueante curso de la historia argentina en el siglo XX. Lo hace desde un aspecto menos frecuentado, el de la sociedad civil, tanto en sus múltiples maneras de manifestarse en espacios públicos, como en su dinámica asociativa. Una historia de lo público en escenario de provincia, sí, pero de una que tenía en ese período una centralidad manifiesta en la dinámica del país que emergía. Apelando a un aparato conceptual que el autor inscribe en corrientes historiográficas que dialogan con las ciencias sociales, en este primer tomo narra la vida pública cordobesa, empleando como principal fuente la prensa de la época, pero tomando también voces literarias y de los cronistas urbanos. Así, se aborda el complejo festivo, con la primacía del carnaval, pero también con las modalidades que las colonias de inmigrantes van estableciendo en la ciudad, desde las romerías españolas a las estas italianas del XX de Septiembre, a las que se suman las estas patrias, enfocadas como parte del ascenso cultural del militarismo en la sociedad. El tomo se completa con los análisis de los conflictos en el espacio público, que protagonizan actores de las arenas política, gremial y religiosa y donde el uso permanente de la violencia es una clave de continuidad política, social e institucional, que permite entender mejor uno de los aspectos oscuros de la Argentina contemporánea.

Vale la pena que conozcan el trabajo de quienes vuelcan su energía, su talento y su humanidad en ayudar a que la prisión cumpla sus objetivos reinsertadores. Celebro la realización de un libro, hecho desde la experiencia por un grupo de profesionales del Centro Penitenciario de Palma de Mallorca que intentan preguntarse y contestar muchas de las cosas que deberían importar a todos, no sólo a quienes trabajamos directamente en este difícil e intenso mundo. Enfocar el análisis de estas realidades con rigor es el mejor antídoto frente a reacciones y propuestas que se realizan desde el desconocimiento y que acaban resultando tan extremadas como inútiles. Como decía Concepción Arenal “con la ignorancia armonizan bien los errores”. Mercedes Gallizo. Secretaria General de Instituciones Penitenciarias. Este libro describe algunos de los delitos más importantes de nuestro sistema penal. Se analizan los delitos de estafa, los robos en relación con el consumo de drogas, los delitos informáticos, la pederastia, los de agresión sexual, el maltrato o la trata de blancas y los delitos de terrorismo, además de un apartado relativo a la psicopatía, como trasfondo de personalidad de muchos delincuentes. Se trata de una obra realizada por profesionales expertos en disciplinas diferentes como la psiquiatría, psicología, el derecho o la criminología, contrastando y apoyando las teorías con el conocimiento real del delincuente y las maneras diferentes de comportarse durante la estancia en prisión. Es un manual claro de entender, concreto en sus comentarios y con aportaciones prácticas para aquéllos que quieran añadir al conocimiento científico, una visión exhaustiva de la complejidad de la conducta humana. Virgilio Valero. Director General de Instituciones Penitenciarias.