Traducción al Tigriña del célebre documento colombino, mediante

el cual se hizo saber al resto de países del Viejo Mundo que España había
descubierto tierras al oeste, más allá del océano tenebroso, lo que después
daría en llamarse América. El tigrino, tigriña o tigrinya, de la región de
Tigray o Tigré, en Etiopía, es un idioma de origen semita difundido entre los
pueblos del grupo abisinio, constituyendo la tercera parte de la población del
país. Habitan en las regiones septentrionales, mientras que el sur es ocupado
por los galla y los sectores limítrofes con Sudán por negroides, somalís,
sidamas y dancalis, que emplean lenguas de origen camítico o nilótico.

Hasta que el canónigo Loaysa decide inventariar a fines del siglo

XVII, sistemáticamente, la losas sepulcrales de la Catedral de Sevilla, nadie
se había percatado de la importancia de algo (en los pies mismos) que había
adquirido solera arqueológica. Su recopilación de epitafios y la de sus
continuadores cobra, si cabe, más importancia si se tiene en cuenta que las
obras en el edificio llevadas a cabo en los siglos XIX y XX, hermoseando su
pavimento, eliminaron de paso el concepto de 'templo', bajo una serie de
condiciones, como cementerio de eclesiásticos, cofradías, fundadores de
capillas o seglares adinerados, pues desde el último tercio del XVIII se
publicaron ordenanzas reales prohibiendo las inhumaciones en iglesias por
razón de sanidad pública, sobre todo a partir de la promulgada por Carlos III
en 1787, aunque el clero continuó ejercitando sus derechos consuetudinarios.

Profusamente ilustrado con fotografías de la época, restauradas, intención de
este meticuloso trabajo es, por un lado, interpretar a grandes rasgos (algunos
aspectos y años) el fenómeno carcelario de la provincia andaluza -Huelva- que
propició, junto a Sevilla, el éxito inicial de la sublevación militar de 1936
(la guerra civil española de 1936-1939) mediante la creación de una
retaguardia exenta de enemigos, y, sobre todo, conocer en detalle las
circunstancias individuales de las presas políticas, que, junto a sus
compañeros de penitenciaría, aguardaban la venganza –y el exterminio– de una
parte de la sociedad que, imbuida en la barbarie, se alejó de la escuela penal
positiva. Aporta un extenso índice alfabético acerca de las fichas carcelarias
investigadas, traducido al inglés.

Casas Viejas, junto a Arnedo, Yeste y Castilblanco, paradigma de lo que
después fue la represión franquista, es lugar frecuentado por los
historiadores que se ocupan de interpretar los prolegómenos de la Guerra
Civil. Se seguirá escribiendo sobre esta localidad gaditana que pagó
anticiparse a un futuro que, probablemente, nunca llegue, donde unos
ejemplifican la utopía ácrata, otros la ejecución de un plan posibilista y
muchos más la desmemoria interesada sobre hechos y personas que vivieron, tal
vez, en tiempo y lugar equivocados. Hasta ahora inédito el informe que ahora
se publica, su importancia radica en que fue escrito por un testigo directo de
buena parte de los sucesos que acontecieron en aquella infausta aldea,
teniendo el triple valor de que el narrador pertenecía como profesional
(guardia de Asalto) al bando que se aprestó a sofocar la intentona, a que su
redacción se debió al deseo de dejar por escrito su testimonio, sin que en
ningún momento se lo requiriesen, y a que su trayectoria militar fue, durante
toda su vida, impecable. Breve e intenso, el escrito -que titula «Al margen de
un viaje en auto»- rezuma franqueza, aportando interesantes datos de primera
mano que enriquecen las versiones hasta ahora circulantes. Entre todos ellos
sobresale la presencia en Casas Viejas, casi desde el primer momento y, por
supuesto, durante la quema de la casa de Seisdedos y -ya más dudoso- de los
fusilamientos que siguieron, de un delegado del gobernador civil de Cádiz,
dando idea que, en definitiva, el gobierno de la nación estaba al tanto de
cuanto ocurría allí y que, si el asunto se le fue de las manos, el grado de
responsabilidad en los hechos debía comenzar, primeramente, por las
autoridades políticas, quienes lograron al principio persuadir a la opinión
pública y a los jueces de que el capitán Rojas (el mando militar de mayor
graduación allí desplazado) debía ser el único en cargar con la culpa de
aquellos crímenes, quedando demostrado que su salvaje actuación fue en
connivencia o complicidad, al menos en omisión, con la autoridad política
provincial y nacional.