La determinación de las fuentes del Derecho es uno de los pilares fundamentales de la exposición del Derecho constitucional particular de cada Estado. El estudio de las fuentes ha sido, sin embargo, tarea preferente de civilistas y filósofos del Derecho. En esta obra, por el contrario, se intenta presentar el tema de las fuentes desde una óptica estrictamente constitucional, es decir, atendiendo a la distribución del poder político. De este modo, las distintas fuentes aparecen expuestas al hilo del estudio de los instrumentos formales con los que cada uno de los órganos y poderes estatales ejerce las funciones que constitucionalmente le están atribuidas. Aunque se parte de la distinción entre “fuentes de autoridad” (el ius) y “fuentes de potestad” (la lex), la exposición se centra, tras el estudio de la Constitución y de los elementos básicos de la dogmática constitucional, en los dos grandes instrumentos dispositivos: la ley, como expresión de la voluntad de las Cortes Generales y el real decreto como forma jurídica que revisten las decisiones políticas y administrativas que el ordenamiento atribuye al Rey o al Gobierno. También la exposición de las restantes fuentes del Derecho español (tratados internacionales, jurisprudencia en sus distintos niveles, principios generales del Derecho, doctrina, costumbre y pacto) se realiza desde la óptica estrictamente constitucional del tema. Tanto la teoría de la Constitución como la exposición de las fuentes se construye desde una visión diacrónica que permita al lector conocer las claves básicas de la evolución de las distintas figuras jurídicas que se analizan: Constitución, ley, real decreto, etc.

"Las reflexiones de los miembros de los Servicios Jurídicos de las universidades son siempre del mayor interés y de la mayor utilidad. Su trabajo cotidiano fundamenta y asegura el trabajo de todos los demás miembros de la comunidad universitaria, que debe realizarse siempre dentro del máximo respeto a la ley. Por ello, creo que debemos agradecer su preocupación por mejorar su preparación, su implicación en la mejora de su trabajo, de la que las reuniones periódicas y reiteradas, como la que ha dado lugar al conjunto de trabajos que constituyen el libro, al que estas líneas sirven de prólogo. Para mí es un honor y una satisfacción haber aceptado la invitación de escribirlo. Esta recopilación de trabajos del ""VIII Seminario sobre aspectos jurídicos de la gestión universitaria"" contiene un conjunto de estudios y reflexiones sobre algunos de los temas más relevantes que determinan o han de determinar una parte relevante de las actividades universitarias en áreas de importancia. El tema del urbanismo universitario, por ejemplo, es uno de los temas capitales, sobre todo para las universidades de más reciente creación, como es el caso de la nuestra, y para todas, en cuanto que actualmente las universidades españolas están inmersas en su práctica totalidad, en la construcción y desarrollo de sus parques científicos y/o tecnológicos.

La presente obra consta de dos tipos de contenidos: por una parte, se trata de una exposición metodológica sobre la naturaleza y el estatuto científico del Derecho constitucional, basada en la convicción de que los grandes problemas que hoy plantea la aplicación de esta disciplina científica están debidos a la falta de una correcta comprensión del significado y lugar del Derecho constitucional dentro del sistema de las ciencias. La aceptación como un dogma indiscutible de los presupuestos filosóficos y científicos del positivismo jurídico ha llevado, a mi juicio, a una situación de grave confusión metodológica. Difícilmente podrá ésta clarificarse sin un sincero retorno a un orden científico coherente, sistemático y completo en el que una específica concepción metodológica, ética, antropológica y metafísica sostenga -de manera científica y no meramente ideológica- los pilares del Derecho y de la Ciencia política desde principios sólidamente asentados en una visión completa de la realidad. El concepto fundamental que aquí se aplicará es el de ciencia subalternada como corresponde a la naturaleza real y científica del Derecho y en particular del Derecho constitucional. Contra lo que comúnmente se cree hoy, la metafísica tradicional siempre ha sido consciente de que la unidad de la ciencia no convierte en positivas a las ciencias culturales o del espíritu. En efecto, una cosa es que el conocimiento científico por excelencia sea el de las ciencias experimentales y otra muy distinta que no pueda construirse verdadera ciencia, sino sólo meras opiniones o conjeturas, sobre las realidades producidas por la libertad humana. El que las ciencias experimentales sean el modelo de desarrollo metodológico de todas las ciencias no supone que sobre la cultura y las manifestaciones del espíritu sólo sea posible cuantificar sociológicamente o elucubrar desde la propia ideología. Bastará para ello dejar claro qué puede exigirse y qué no a las ciencias culturales. El segundo contenido de esta obra lo constituyen los restantes capítulos, dedicados a la aplicación de aquellos presupuestos metodológicos a materias específicas, como las fuentes del Derecho constitucional, el concepto y fines del Estado, o la Teoría de la Constitución y su desarrollo histórico. Tratan éstos de ser una exposición crítica de determinadas cuestiones fundamentales de Teoría del Estado, de Derecho constitucional general y de Historia constitucional, aplicadas de manera específica al caso de España. En absoluto pretende ser una exposición completa sobre estos temas. Por ejemplo, no hay aquí referencias a los llamados elementos del Estado, ni a los tipos históricos de Estado. Con estas salvedades, esta parte del libro ha sido escrita procurando no dar nada por sabido y en este sentido pueden servir como ayuda para un primer acercamiento a estas materias a los estudiantes de grado o máster en ciencias jurídicas o políticas. Confío en que a estos lectores pueda serles útil como orientación dentro de un campo excesivamente amplio y a la vez excesivamente fragmentado por la falta de un enfoque unitario comúnmente aceptado.

En el ámbito del lenguaje jurídico, especialmente el de naturaleza escrita, la observancia de ciertas pautas de previsibilidad, de convenciones que permitan a los receptores de la información disponer y asimilar plenamente aquélla se impone con especial rigor, no en vano, en este tipo de lenguaje, por sus peculiaridades y características técnicas, se emplea con profusión el mecanismo de la cita legal y jurisprudencial, invocaciones destinadas a ilustrar o fundamentar determinada decisión o juicio jurídico y cuya eficacia en los destinatarios de dicha información depende en gran medida de que éstos puedan identificar las referencias empleadas, evitando precisamente que se conviertan en un obstáculo para la comprensión del texto. Un aspecto especialmente sensible en torno a los protocolos de citación legal en nuestra literatura jurídica así como en las propias resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales es el relativo a la forma de citar las referencias jurisprudenciales y más concretamente, la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo. Por ello, en esta obra se pretende verificar si esa imprescindible regla de homogeneidad a la hora de practicar la cita jurisprudencial en nuestro ordenamiento jurídico se cumple, atendiendo para ello al panorama existente en el Derecho Comparado, su incidencia y las perspectivas de futuro acerca de una cuestión que, por su trascendencia, despierta cada vez un mayor interés entre los diferentes agentes jurídicos de nuestro país.

Poder Judicial patrocina un programa piloto de mediación penal, al que se han adscrito más de treinta juzgados de instrucción y de lo penal a lo largo de toda la geografía hispana. Es necesario reflexionar acerca de la mediación como instrumento perfectamente aplicable de justicia restaurativa, en primer lugar, porque en estos momentos es indudable que la mediación penal vive un momento de creciente expansión en España, en segundo lugar, porque favorecer la práctica de la mediación penal, es el único camino adecuado para lograr el convencimiento sobre su bondad y utilidad y, en tercer y último lugar, para concretar las posibilidades de implantación de la mediación en las distintas fases del proceso penal de acuerdo con la legislación vigente. Esta monografía sobre mediación penal tiene una vocación eminentemente práctica porque somos plenamente conscientes de que la mediación penal ya figura en España en la hoja de ruta de la modernización de la justicia elaborada por el Consejo General del Poder Judicial con el ánimo de reducir la litigiosidad de los juzgados penales. Como parte de esa experiencia piloto del CGPJ, los autores de esta monografía ofrecen, de manera pormenorizada, cada uno de los elementos significativos del proceso de mediación penal para que los futuros mediadores penales encuentren un adecuado soporte práctico a la hora de poder aplicar la teoría disponible.