En este trabajo abordamos la situación de los menores extranjeros no acompañados (MENA) en España y su protección pública con base en la normativa de extranjería y de protección de menores nacional, europea e internacional; concretando la asistencia necesaria para garantizarles el conjunto de sus derechos en consideración a su especial vulnerabilidad por su minoría de edad y su condición de extranjeros que no se encuentran en compañía de un adulto responsable de ellos; y diferenciando con base en su régimen jurídico, presidido por el interés superior del menor y la reagrupación familiar que pueden aconsejar su repatriación, los MENA comunitarios y los procedentes de terceros Estados, especialmente africanos y subsajarianos. Este fenómeno es de comienzos de la década de los noventa del siglo pasado, y, desde entonces este sujeto migratorio no controlado ha ido en aumento; aspecto que ha determinado su atención inmediata por la Administración Pública para su tutela o guarda, con fundamento en la normativa autonómica, y esencialmente por el Ministerio Fiscal a quien corresponde la superior vigilancia.

La ordenación territorial y urbanística son funciones públicas no susceptibles de transacción, que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general.
    La protección de la ordenación del territorio antes del Código Penal de 1995 se establecía únicamente en el ámbito del derecho administativo, y, después del Código Penal de 1995 también se establece a través de la tipificación de los delitos relativos a la ordenación del territorio y al urbanismo (construcciones ilegales y prevaricación en las construcciones ilegales).
    Entendemos que dentro de las infracciones penales con dolo directo, son acciones típicas básicas que integran la prevaricación en las construcciones ilegales del artículo 320 del Código Penal:
    1ª.- La información favorable contraria a las normas de ordenación territorial o urbanística o silenciar la infracción de dichas normas u omitir la realización de inspecciones,
    2ª.- La resolución o voto a favor de la aprobación de los instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación o la consecución de licencias contrarias a las normas de ordenación territorial o urbanística.
    Las acciones típicas básicas con dolo directo del artículo 320 del Código Penal, se agravan cuando afectan a algún espacio natural protegido con base en el artículo 338 del Código Penal.
    Entendemos que las infracciones penales básicas y agravadas con imprudencia grave y dolo eventual integradas en la prevaricación urbanística del artículo 320 del Código Penal, son infracciones administrativas que podrán ser castigadas de conformidad con lo establecido en las normas administrativas, pero no conforme a la normativa penal en la que es de considerar el principio de intervención mínima con base en el elemento subjetivo del tipo.
    En la normativa autonómica urbanística se establecen las infracciones graves y muy graves, que son el tipo de infracciones en las que podemos subsumir las infracciones urbanísticas que no puedan ser sancionadas penalmente por no haberse cometido las mismas con dolo directo de primer grado o dolo específico o reduplicado. Y hemos de considerar que aunque el principio de legalidad en el ámbito sancionador es menos exigente que en el ámbito penal, las infracciones urbanísticas reseñadas previamente necesitan de un tipificación expresa en una norma legal con el fin de que queden amparadas suficientemente.
    

La Seguridad Pública y los Derechos Humanos guardan una estrecha relación, pues para que haya una verdadera seguridad para todos los habitantes de un país es necesario que las violaciones a sus derechos no sean frecuentes, siendo la seguridad deficiente cuando el número de violaciones aumenta de forma considerable.
    La función de la seguridad pública, tiene un alto grado de dificultad, para quienes la ejercen porque su finalidad principal es mantener la paz y el orden, pero sin afectar los derechos y las libertades de los individuos.
    El reto principal de las instituciones encargadas de la seguridad pública, es lograr un equilibrio entre la coercibilidad de las normas jurídicas sin faltar al respeto de los derechos y valores fundamentales.
    La seguridad pública es una función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos. La seguridad pública implica que los ciudadanos pueden convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro.
    La seguridad pública tiene como fines prioritarios: Mantener el orden público, proteger la integridad física de las personas y sus bienes, prevenir la comisión de delitos e infracciones a los Reglamentos gubernativos y de policía, colaborar en la investigación y persecución de los delitos y auxiliar a la población en caso de siniestro y desastres, es muy amplia la gama de actividades que realiza y todas son fundamentales para la estabilidad de un país, cualquiera que falle, propicia la inseguridad de la población con las consecuencias negativas que hemos venido padeciendo en los últimos tiempos.
    Las autoridades competentes alcanzarán los fines de la seguridad pública mediante sus actuaciones preventivas, persecutorias y sancionadoras.
    La CE 27 de diciembre de 1978 no precisa un contenido único del término Seguridad.
    Al formular un concepto genérico hace surgir una variedad de seguridades.
    Formula un concepto eminentemente político de seguridad, que es concebida como un derecho de todos los ciudadanos a la pacífica y democrática convivencia conforme al orden jurídico, económico y social justo.