En la actual “Sociedad de la información y el conocimiento”, los avances tecnológicos deben ser utilizados en las tareas de investigación criminal por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para la investigación de los delitos informáticos, en los que son decisivas las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Toda investigación criminal tiene por principal objetivo la obtención de la máxima información posible sobre la comisión de un hecho delictivo, siendo las medidas tecnológicas de investigación un pilar esencial en cualquier investigación criminal en la actual sociedad informatizada en la que vivimos; la principal ventaja de su empleo reside en su operatividad para la obtención de evidencias de cualquier clase de delito, pues dispositivos electrónicos constituyan una valiosa fuente de prueba, debido a su capacidad de almacenamiento de información y a su empleo para todo tipo de comunicaciones.

La seguridad informática adquiere en la actualidad una relevancia práctica y una autonomía conceptual como consecuencia de la creciente amplitud de las relaciones a través de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, que en el ámbito de la tutela penal no cobra un protagonismo especial.
Para la punición de las infracciones penales informáticas se atiende fundamentalmente al establecimiento de circunstancias agravantes específicas y tipos o subtipos agravados, pues se complementan las infracciones penales existentes al abordarse la punición de los delitos informáticos desde los tipos existentes, teniendo en consideración el incremento del desvalor de la acción o del resultado.
El Derecho Penal Informático comprende la descripción típica de una gran variedad de comportamientos que materializan riesgos y amenazas característicos del ámbito informático, no existiendo en nuestro Código Penal un Título que con base en el bien jurídico de la seguridad informática tipifique los delitos informáticos.
Consideramos de interés en relación con los aspectos generales relacionados con los ciberdelitos, poner de manifiesto con carácter previo que la ciberseguridad es un aspecto técnico de la seguridad y un eje fundamental de nuestra sociedad, y se encarga de la seguridad en el medio informático o telemático; el ciberespacio que hace partícipes a sus usuarios de una globalización sin precedentes que propicia nuevas oportunidades, a la vez que comporta nuevos riesgos y amenazas; las ciberamenzas que ponen de manifiesto la creciente actividad tanto por parte de Estados, que persiguen la expansión de sus intereses geopolíticos a través de acciones de carácter ofensivo y subversivo, como de organizaciones terroristas, grupos de crimen organizado y actores individuales; la ciberdelincuencia que supone un tipo de criminalidad característica y especial en la que se refleja la ausencia de fronteras y la inmaterialidad de la comunicación a través de las Tecnologías de la Comunicación y la Información, y que conduce a la escasa relevancia de los límites temporales y espaciales que han constituido, tradicionalmente, el límite en el ámbito del Derecho Penal; y el Convenio de Ciberdelincuencia que constituye un referente internacional a la hora de hablar de la delincuencia informática.
Los ciberdelitos que tienen lugar en el ciberespacio, son delitos convencionales que toman nueva vida con el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y no representan un tipo de criminalidad específica; y son también responsables de los mismos los menores y las personas jurídicas. Clasificamos los ciberdelitos en consideración al Código Penal y al Código Penal Militar, teniendo en cuenta también la clasificación que se realiza en la Circular de la Fiscalía General del Estado 3/2017, además de la que se lleva a cabo en el Convenio de Ciberdelincuencia, por la doctrina, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea.
El estudio sistematizado de los ciberdelitos lo realizamos con base en los delitos especialmente relacionados con la nuevas tecnologías de la información y la comunicación y otros delitos cometidos a través de las nuevas tecnologías o que tienen como objeto material las mismas, además de hacer alusión a la extensión de la protección penal informática.
Y por último, hacemos alusión a la provocación para delinquir por medios informáticos, y a la responsabilidad criminal en los delitos que se cometan utilizando medios o soportes de difusión mecánicos.

La ciberseguridad, seguridad informática o seguridad de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que es global y generalizada o común en la actualidad, así como un desafío complejo para los Estados que requiere una respuesta coordinada y ágil de aquellos, se concreta en una actividad tendente a asegurar las redes y los sistemas que dan vida al ciberespacio, donde en su sentido negativo se pueden cometer distintos delitos dentro o fuera de un conflicto armado.
Los ciberataques presentan como elementos comunes esenciales: La obtención de información estratégica, la individualización, el debilitamiento de las implementaciones técnicas y, la manipulación selectiva de los equipos informáticos y de la información.
Son relevantes los cambios en la naturaleza y características de los nuevos conflictos armados provocados por la celeridad y amplitud en el empleo de altas tecnologías y su desigual distribución entre los beligerantes, tal y como muestran las llamadas guerras de coste cero, de cuarta generación o asimétricas, e incluso las híbridas.
En el siglo XXI se impondrá la ciberguerra en los conflictos internacionales que se desarrollará en el ciberespacio, aunque ello no va a significar la desaparición de la guerra tradicional.
La seguridad nacional y la defensa nacional como recurso para la consecución de aquella son objeto de protección penal, al igual que los conflictos armados y el genocidio.
En un mundo globalizado, especialmente después de la aparición de de la revolución informática con el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las Organizaciones Internacionales y los Estados deben procurar la consecución de la seguridad internacional.

La regulación jurídico-penal del acoso familiar y no familiar se establece con la LO 1/2015, de 30 de marzo, que lo tipifica como delito en el art. 172 ter CP, también conocido como acecho o stalking, dentro de los delitos contra la libertad y con una técnica restrictiva al establecer las formas de acoso de un modo tasado; y aunque es un delito común, se estableció en el marco de la violencia de género para proteger especialmente a la mujer. El nuevo delito que viene a colmar la ausencia de un tipo penal específico para combatir las conductas de acoso persecutorio, ofrece respuesta jurídico-penal a conductas de indudable gravedad que, en muchas ocasiones, no podían ser calificadas como coacciones o amenazas. Conductas reiteradas por medio de las cuales se menoscaba gravemente la libertad, la dignidad y el sentimiento de seguridad de la víctima a la que se somete a persecuciones, seguimientos o vigilancias constantes, u otros actos continuos de hostigamiento alterando sensible y significativamente su devenir vital cotidiano.
Resulta de especial relevancia para el enjuiciamiento de los casos de acoso escolar el párrafo 1º del art. 173.1 CP que tipifica el delito de trato degradante, redactado de conformidad con lo dispuesto en la LO 15/2003, de 29 de septiembre, pues los Tribunales han acudido a él en la mayoría de los casos. El acoso escolar, denominado también bullying, actualmente constituye una de las mayores amenazas en los centros escolares, y se concreta a aquellas conductas de maltrato entre escolares llevadas a cabo de forma reiterada y continuada en el tiempo con la intención de causar un mal a la víctima en posición asimétrica respecto del acosador, a través de agresiones físicas, verbales y sociales, que atentan contra la dignidad del menor. El espacio donde se desarrolla el acoso escolar normalmente es el centro educativo (bullying), pero el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación por los menores ha llevado a que la víctima pueda sentirse acosada también fuera del centro (ciberbullying).
La regulación jurídico-penal del mobbing o acoso laboral se establece con la LO 5/2010, de 22 de junio, que lo tipifica como delito en el párrafo 2º del art. 173.1 CP. La denominación sincrética del mobbing como acoso laboral en el ámbito privado y acoso institucional o funcionarial en el ámbito público, comprende tanto el acoso psicológico laboral como el acoso moral laboral, por no ser excluyentes estos términos y sí complementarios, aunque más amplio el segundo; lo que va a determinar que la delimitación o fijación del concepto jurídico de mobbing o acoso laboral ha de tener en consideración esta postura intermedia o ecléctica en el sentido de que el mismo es acoso psicológico. La fijación de un concepto jurídico de mobbing o acoso laboral se impone por la simple necesidad de determinar la tutela jurídica que se le va a dispensar; y colmando esta imperiosa necesidad conceptualizamos el mismo como, “una conducta activa u omisiva repetida y degradante, realizada durante un tiempo por el acosador o acosadores en el lugar de trabajo donde se desarrolla la relación laboral o de servicio, con la finalidad de que se abandone aquél, que pone en peligro o lesiona la integridad moral y otros derechos fundamentales del acosado o acosados según su gravedad, pudiendo también producir un resultado dañoso personal y material, además de moral”. El mobbing o acoso laboral además de su protección jurídico-penal, es susceptible de protección jurídico-laboral, jurídico-contencioso-administrativa y jurídico-civil, así como de protección jurídico-constitucional; y esta protección también se puede dispensar al resto de las infracciones penales examinadas, aunque solamente cuando concurran los presupuestos establecidos en relación con la protección constitucional y la protección en los distintos órdenes jurisdiccionales ordinarios que se disponen en relación con el mobbing o acoso laboral.
La regulación jurídico-penal del acoso inmobiliario se establece con la LO 5/2010, de 22 de junio, que lo tipifica como delito en el párrafo 3º del art. 173.1 CP. Conceptualizamos el mobbing o acoso inmobiliario como una conducta antisocial reiterada que tiene como finalidad impedir el disfrute legítimo de la vivienda propia o arrendada, y que de ser hostil o humillante será constitutiva de infracción penal.
La regulación jurídico-penal del acoso sexual se establece con la LO 15/2003, de 29 de septiembre, que modifica el art. 184 CP; y la LO 1/2015, de 30 de marzo, introduce los arts. 183 ter y 183 quater CP (la LO 5/2010, de 22 de junio, introdujo el art. 183 bis CP, que regulaba el ciberacoso; actualmente regulado en el art. 183 ter CP). El ciberacoso o grooming, comprende comportamientos realizados a través de tecnologías de la información y la comunicación que un adulto lleva a cabo para establecer vínculos de confianza con un menor a fin de mantener relaciones sexuales con el mismo, explotarlo sexualmente o bien utilizarlo con fines pornográficos. El acoso sexual laboral tipificado en el art. 184 CP se convierte en una modalidad privilegiada de acoso laboral tipificado en el párrafo 2º del art. 173.1 CP, que admite la aplicación de sus aspectos específicos; y es una situación producida como consecuencia de que la solicitud de favores de naturaleza sexual se produce en el ámbito de una relación laboral existente entre el acosador y la víctima o acosado, que ha de ser continuada o habitual.

En relación con la patente de invención y la patente de interés para la defensa nacional en el Derecho Español, se aborda el régimen jurídico de la Patente de Invención, aludiendo a su origen y regulación, así como a su normativa internacional, europea, comunitaria e interna básica, porque no olvidemos que la patente de interés para la defensa nacional es una patente de invención que deberá observar el régimen jurídico establecido para la misma.
Se propone como concepto de patente en general, que constituye el objeto material del delito de divulgación intencionada de la invención objeto de patente secreta en perjuicio de la defensa nacional cuando observa determinadas especialidades, “el título por el que se reconoce oficialmente la invención de un producto o de un procedimiento industrial y el conjunto de derechos exclusivos con fines industriales reconocidos a su titular por un periodo de tiempo limitado para la divulgación y explotación en el territorio nacional, europeo o internacional de una invención que sea novedosa, implique una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial”.
Se aborda la información empresarial y el concepto de los secretos empresariales, estableciendo su distinción en comerciales e industriales y su relación con la patente de invención, además de su protección jurídico-civil, jurídico-penal y a través del contrato o licencia de know how, sobre el que interesamos la necesidad de una disposición normativa que lo regule en pro de la seguridad jurídica especialmente.
Se pone de manifiesto que las patentes secretas o de interés para la defensa nacional, reguladas en los arts. 119 a 122 LP de 1986 y 111 a 115 LP de 2015, son una excepción al régimen general de patentes, que no se limitan solo al campo armamentístico, sino que también se comprenden otros campos relacionados con las industrias objeto de defensa nacional; y que no están sujetas al pago de tasas de mantenimiento. Las creaciones industriales de interés para la defensa nacional como elemento material que delimitaría el ámbito de aplicación objetivo de las patentes secretas o de interés para la defensa nacional, no constituyen en sí mismas una nueva categoría de creaciones industriales, sino tan sólo una especie dentro de las mismas cuya peculiaridad tiene alguna trascendencia jurídica; debiendo cumplir todos los requisitos y exigencias establecidas en general para las patentes, especialmente en lo referido a los requisitos de patentabilidad.
Se hace un estudio doctrinal y jurisprudencial de los requisitos de patentabilidad, concretados a la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial; se alude a los supuestos de no patentabilidad y al derecho a la obtención de la patente, y a sus titulares que pueden ser personas físicas -particulares y autoridades y funcionarios públicos- y personas jurídicas, así como a la transferencia y expropiación de la patente; se pone de manifiesto la importancia del secreto empresarial, que comprende el secreto industrial y el secreto comercial, considerándose desleal la divulgación de estos secretos sin autorización de su titular; se concreta la protección de la patente de invención, aludiendo a las invenciones, a la competencia de los Tribunales Españoles y a las reivindicaciones, además de a la vulneración literal y por equivalencia en el territorio español de la patente de invención; se determina la protección administrativa y contencioso-administrativa de la patente de invención; se establecen como aspectos de la protección judicial civil de la patente de invención que deben tenerse en consideración las normas aplicables, las medidas cautelares, las acciones civiles, las diligencias de comprobación, el procedimiento, la competencia, la legitimación y la prescripción, destacando la acción de indemnización de daños y perjuicios y la protección civil con cláusula de sometimiento a arbitraje; y se configura la protección judicial penal de la propiedad industrial con referencia a la patente de invención, además de recoger el régimen jurídico de la patente de interés para la defensa nacional.
Consideramos que la patente de interés para la defensa nacional constituye el objeto material del delito de divulgación intencionada de la invención objeto de patente secreta en perjuicio de la defensa nacional, tipificado en el art. 277 CP, entendiendo que la declaración firme de su nulidad determina que el delito de divulgación intencionada de la invención objeto de patente secreta por interés de la defensa nacional queda sin objeto material.

La defensa nacional se concreta en las actividades políticas y militares que pretenden evitar ataques militares. La CE se refiere a la defensa de España como “derecho y deber de los españoles” en su art. 30, aunque las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
Se propone como concepto amplio y descriptivo de defensa nacional, “el conjunto de recursos materiales y humanos destinados al cumplimiento de las actividades políticas civiles y militares desarrolladas por el Estado para la protección del conjunto de la sociedad española, de su Constitución, de los valores superiores, principios e instituciones que en ésta se consagran, del Estado social y democrático de derecho, del pleno ejercicio de los derechos y libertades, y de la garantía, independencia e integridad territorial de España; que como país integrado en la UE y en organizaciones internacionales, participa en el orden internacional con intereses nacionales y globales que impulsar y defender para la consecución y mantenimiento de la paz y seguridad”.
Se determinan aquellos aspectos que ponen de manifiesto el interés español por la defensa nacional; y se alude a la seguridad humana como complementaria de la seguridad estatal, en la que queda comprendida la defensa nacional, pues los derechos humanos constitucionalizados son también derechos fundamentales, y han de interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Tratados y Acuerdos Internacionales ratificados por España.
Consideramos que la defensa nacional, además de constituir un elemento normativo penal, es el bien jurídico protegido de los delitos relativos a la revelación de secretos e informaciones relativas a la seguridad y defensa nacionales (delitos previstos en los artículos 277 y 598 a 603 del Código Penal) y atentados contra los medios o recursos de la seguridad o defensa nacionales (delitos previstos en los artículos 264 a 266 y 346 del Código Penal), que cuando tiene como sujeto activo un militar son de aplicación los artículos 26 y 27 del Código Penal Militar, aunque esta disposición normativa supone una ruptura definitiva con una visión autónoma del Derecho Penal Militar en favor de una visión complementaria con el Código Penal Común.
El Código Penal Militar será de aplicación a las infracciones que constituyan delitos militares para la protección de bienes jurídicos estrictamente castrenses, y, es de aplicación en todo caso el Título Preliminar del Código Penal y serán aplicables el resto de sus disposiciones a los delitos militares como supletorias en lo no previsto expresamente por el Código Penal Militar. Cuando a una acción u omisión constitutiva de un delito militar le corresponda en el Código Penal una pena más grave, se aplicará dicho Código por la Jurisdicción Militar.
Las infracciones disciplinarias cometidas por los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil se regirán por la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de noviembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas; y el Régimen Disciplinario de la Guardia Civil se regula por la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, aunque se aplicará la Ley Orgánica 8/2014 al personal de la Guardia Civil cuando actúe en misiones de carácter militar o integrado en unidades militares.

Una gran parte de las actividades que realizamos en nuestro día a día, principalmente aquellas relacionadas con el ocio, se desarrollan através de medios digitales. De este modo, nos encontramos con que muchos de nuestros comportamientos, cuya calificación jurídica estaba clara al realizarse en un entorno físico, ahora han pasado a realizarse dentro de un entorno inmaterial, donde las definiciones legales no encuentran un claro acomodo. Esto supone que se genere incertidumbre sobre la licitud de determinados  comportamientos que realiza una gran mayoría de los usuarios de los medios digitales.
Esta situación se ha convertido en una de las motivaciones para la elaboración de la presente obra, de modo que no ha quedado limitada a la descripción de las conductas definidas en la ley de Propiedad Intelectual y en el Código Penal, sino que entra en el análisis práctico de las principales conductas, a través de los supuestos más habituales que se plantean en el entorno digital, para determinar así, la calificación jurídica a la que más se ajustan

Este libro pretende orientar, a través de un análisis detallado, sobre qué gastos específicos pueden producirse por causa de un litigio y su razón de ser. En particular, de un aldo, qué conceptos y cuantías  de entre ellos pueden ser recuperados a costa del vencido si se obtiene una sentencia con pronunciamiento favorable, y cuales corren a cuenta exclusiva del vencedor. Y de otro, en caso de resultar condenado, hasta qué punto se debe hacer frente a los gastos realizados por el adversario. Para ello se revisa la tasación de costas, genuina función del Secretario Judicial, a través de la jurisprudencia y práctica de nuestros Tribunales, así como las partidas más relevantes que pueden integrarla, referidas a honorarios de Abogados y derechos de Procuradores, minutas periciales y la mayoría de los gastos que tienen alguna importancia, entre ellos el IVA, poniendolos en relación con las normas procesales aplicables a los concretos supuestos, con cita de la doctrina actual.
Asimismo se incorporan a la obra los profundos cambios generados en los procedimientos judiciales españoles, especialmente en materias competencias del Secretario Judicial, operados por la Ley 13/2009 de Reforma  Procesal y la Ley 37/2011 sobre Medidas de Agilización Procesal.